Max Hernández Secretario Técnico del Acuerdo Nacional
(Intervención inaugural en el Programa Bicentenarios de la Universidad de Castilla-La Mancha en el Campus Universitario de Albacete, 5 de mayo de 2010)
Dado el sentido de estas jornadas enmarcadas en las actividades de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de la Independencia de las Repúblicas Iberoamericanas es imprescindible una doble referencia al año del 1810. Ese año, en la América Hispana, Iberoamérica, América Latina o Indoamérica –esto tiene sus bemoles– el Grito de Dolores lanzado en México y la Junta de Gobierno establecida en Buenos Aires daban inicio a la gesta independentista que culminaría quince años más tarde, cuando se alcanzaron las victorias de Junín y Ayacucho. Ese mismo año de 1810 en España, que también libraba una Guerra por su Independencia, la Junta Central Suprema, creada tras el triunfo de Bailén, ordenaba la celebración de las Cortes que habrían de producir el primer texto constitucional con el que contó España que tuvo innegable repercusión en las Américas. Las presentaciones de los Sres. José Luis García Guerrero, Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y César Landa, Magistrado del Tribunal Constitucional del Perú habrán de extenderse sobre este tema.
Ahora bien, volviendo a América, no deja de asombrar que todo ocurriese en tan breve lapso. Pero hay algo más, historiadores de la talla de Pierre Chaunu subrayan que a estar por “la lógica de los acontecimientos”, la independencia iberoamericana debió haber tenido lugar “mucho antes o mucho después”. Y por si fuera poco, algunos estudiosos afirman que se trató de una hazaña sin par, mientras que otros dicen que el edificio colonial se vino abajo porque ya no daba más. Tal vez sí, tal vez no. Pero fuese como fuese, las tareas que debía enfrentar la república inicial eran inmensas. La realidad política y social peruana poscolonial hacía muy difícil obviar las marcadas distancias que separaban a los grupos que conformaban la población nacional.
Días más días menos, el Perú estuvo bajo el imperio de la Corona española por tres siglos. Todos, no es necesario subrayarlo, todos sabemos que las conquistas no son paseos campestres. En el tumultuoso desarreglo de la conquista la desestructuración del mundo andino, el alfabeto, la escritura, la religión cristiana, la ley patriarcal, el sometimiento de las poblaciones nativas, la encomienda, la servidumbre, la Universidad de San Marcos –cuyo Rector el Sr. Luis Izquierdo disertará sobre su historia- y un largo etcétera fueron parte del mismo aluvión o para usar el vocablo quechua huayco. Dejémoslo ahí. El descubrimiento del Nuevo Mundo configura una de las primeras manifestaciones de ese fenómeno histórico que tuvo su punto de partida en Europa hace cinco siglos. Entonces se inició la llamada modernidad, un proceso de larga duración que acabaría por quebrantar el Antiguo Régimen, liberar las energías individuales y abrir cauce a la democracia. Lo que quiero subrayar en esta ocasión es que si como decían los latinos nomen est omen, el nombre de mi tierra: el Perú, que no es el Tawantinsuyu de los Incas ni el de Nueva Castilla de Carlos I y que no tiene explicación precisa en español, antillano o runa simi lleva en “su propia fonética enfática… una entraña india invadida por una sonoridad castellana”, como escribió Raúl Porras Barrenechea.
Durante la época de los Austrias, la exposición del Sr. José de la Puente Brunke, historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, versará sobre el tema, el Perú abarcaba un inmenso territorio. Pero en 1810 las reformas administrativas borbónicas habían reducido drásticamente los límites del virreinato del Perú y, en pocos años, las vicisitudes de la Independencia irían recortando aun más la silueta del territorio patrio. Articular los tres elementos que constituyen una organización política autónoma: gobierno, población y territorio en función de términos como Estado, nación, pueblo y sociedad, puso de manifiesto que el problema desbordaba lo meramente semántico. La participación protagónica de la elite criolla en la configuración del gobierno significó la presencia de una lógica patrimonial con las correspondientes imprecisiones entre la esfera pública y la privada difuminaban las diferencias entre gobierno y Estado a la vez que subrayaban las diferencias entre Estado y sociedad. El Sr. Alfredo Moreno, Director Académico de la Fundación Carolina nos ilustrará al respecto.
Jorge Basadre el gran historiador de la República se preguntaba si los actores protagónicos y el conjunto social pudieron elegir otra salida dentro del rango de posibilidades abiertas. Volvamos a la idea de Pierre Chaunu: el proceso de la Independencia habría correspondido a “una cronología paradójica”, según las exigencias que rigen el curso de la historia debió haber tenido lugar “mucho antes o mucho después”. Este supuesto desfase entre la lógica que “debiera” regir el acontecer histórico y el acaecer de los acontecimientos que a más de uno puede hacer pensar en la “miseria del historicismo” trata más bien de llamar la atención sobre el limitado impacto de esos años que no tuvieron como resultado la reorganización de la herencia colonial ni incidieron en una elaboración de la experiencia de la emancipación en clave liberal o republicana. Fue como si la inscripción de la experiencia hubiese sobrepasado las posibilidades de un registro social subjetivo. El “mucho antes o mucho después” parece decir –con la ventaja tramposa que da profetizar sobre el pasado— que el instante del acontecimiento independentista o estaba siempre en trance de desvanecerse o anhelado o temido como posibilidad que aún no llegaba a acaecer.
En terreno tan deleznable, los gobiernos posteriores a la independencia se fueron concentrando en torno a personalismos presidenciales que aspiraban a un control omnipotente sin percatarse de que se asentaban sobre pies de barro. Caudillos, amenazas a la integridad territorial, y fragmentación social contribuyeron a que se fuese constelando una forma autoritaria de gobernar y fraguando un “Estado empírico asentado sobre un abismo social”. El guión que articula el binomio Estado-nación no unía ambos términos, más bien señalaba una grave fractura. En la lógica de los Estados nacionales el monopolio de la violencia permite el orden social si y solo si la idea de nación es incluyente. La estructura de la sociedad sobre la que regía el Estado y su propia constitución hacía que la violencia se ejerciera sobre el pueblo. En los inicios de la república se estaba muy lejos de aquel mito familiar parental y maternal constelado en la idea de patria tan importante para el imaginario de los Estados nacionales. Y sin embargo, la República del Perú está por cumplir sus doscientos años y parece ser el momento de asumir que el futuro está en nuestras manos.
Además, el tema de estos dos días implica menos voltear la mirada hacia el pasado que dirigirla al futuro. Antes de hacerlo es menester recordar que en el último cuarto de siglo, el Perú que iba dejando atrás los grilletes de un sistema con evocaciones feudales sintió los efectos de tres crisis sucesivas muy serias: en el plano económico, una hiperinflación que fue corregida con medidas sin duda efectivas pero muy drásticas; en el plano de las relaciones sociales, la violencia desatada por la subversión terrorista segó la vida de muchos, grabó a fuego escenas de terror, produjo respuestas que en algunos casos bordearon el terror de Estado, afectó seriamente el tejido social y erosionó el compromiso ciudadano con los derechos humanos y; en el plano político-institucional, el descrédito de los partidos políticos fue seguido por un golpe de Estado que desestabilizó las instituciones democráticas e hizo que el Gobierno de los años noventa estuviese caracterizado por una lógica autoritaria, vertical y centralista. Paralelamente, por efecto de la globalización y la aplicación del consenso de Washington, la relación Estado-sociedad-mercado asumió nuevas formas.
Es interesante señalar que durante el pasaje al nuevo milenio, no solo en el Perú sino en toda América Latina, las dirigencias políticas más esclarecidas mostraban dos tendencias: 1) un creciente interés en las políticas de Estado que, por definición, van más allá de las acciones circunscritas a cada periodo de gobierno y que, por lo tanto, requieren continuidad; y 2) un orientarse a la búsqueda y construcción de consensos como modo alternativo a la confrontación. Para articularlas, era importante tener en cuenta que las políticas de Estado deben conjugar las exigencias de justicia y equidad con los recursos humanos y económicos con que cuenta el país y tener presente que en las condiciones de este nuevo milenio, los poderosos incentivos hacia la expresión más libre y explícita de los deseos y aspiraciones individuales presentes en los sectores más modernos de la sociedad hacen más complicado este tema.
Y ya empezamos a mirar al futuro. Los grandes cambios del fin del milenio y la radical modificación de las relaciones entre el Estado, la economía y la sociedad pusieron en primer plano un conjunto de exigencias ciudadanas que se podrían ubicar en tres líneas entrelazadas: 1) equidad, educación y salud; 2) desarrollo productivo y expansión de mercados para generar empleo y bienestar; 3) más espacios e instituciones democráticas que faciliten el diálogo y promuevan la participación ciudadana. Por decirlo en breve, tres aspiraciones ciudadanas: la democratización social, la modernización productiva y la legitimación institucional que requieren propiciar importantes reformas en los ámbitos de la sociedad, la economía y el Estado.
Es así que en el año 2001, se esbozaron los lineamientos del retorno a la democracia y sentaron las bases de alguna nuevas instituciones: la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), en la que sectores públicos y privados del país tenían una tarea centrada en el presente: adoptar acuerdos y coordinar acciones para combatir este mal endémico; la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuyo encargo, elaborar un informe sobre la violencia armada interna, la hacía mirar hacia el pasado; y, el asunto sobre el que voy a extenderme, el Acuerdo Nacional: un conjunto de políticas de Estado y un espacio de diálogo.
Detengámonos en estos dos aspectos. Las treintaiún políticas de Estado cuyo horizonte está dado por el bicentenario de la Independencia nacional fueron producto de un compromiso del Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil. Este compromiso, inspirado en los pactos de la Moncloa, se dio en los momentos iniciales de un proceso de transición democrática. En una circunstancia en la que el sistema de partidos políticos mostraba gran debilidad las perspectivas de impulsar la democracia era imperativo propiciar la convergencia de las líneas de acción del Estado con una amplia participación de la sociedad que diera legitimidad en tales condiciones. El Gobierno, los partidos políticos con representación parlamentaria y un conjunto de instituciones de la sociedad civil (asociaciones empresariales y sindicales, la academia, las Iglesias) suscribieron en el mes de junio del 2002 un Acuerdo que ha aportado al país un marco de políticas de Estado surgidas de la armonización de criterios de quienes supieron colocar los intereses nacionales y sociales por encima de los partidarios y de grupo.
El Acuerdo es también un espacio para el diálogo y la construcción de consensos. Por ello se estableció el Foro del Acuerdo Nacional, una institución tripartita conformada por miembros del Poder Ejecutivo, representantes de los partidos políticos con representación congresal y organizaciones de la sociedad civil. El Foro del Acuerdo Nacional es presidido por el Presidente de la República quien delega esta función en el Presidente del Consejo de Ministros. Esto tiene un aspecto interesante: el Gobierno es parte del Acuerdo, pero el Acuerdo no es parte del Gobierno.
Las políticas de Estado apuntan a cuatro objetivos: consolidar la democracia y el Estado de Derecho; reducir la pobreza y la desigualdad social; superar el atraso y alcanzar el progreso económico; y promover un Estado eficiente, transparente y descentralizado. En cuanto al primer objetivo Democracia y Estado de Derecho se mantiene legalidad democrática y, en términos generales los ciudadanos peruanos apoyan a la democracia y la conciben como un principio positivo, ésta sufre la erosión de la corrupción y está fragilizada por la precariedad de los partidos políticos. En lo que atañe al segundo objetivo: Equidad y Justicia social la lucha contra la pobreza ha dado resultados positivos, particularmente en el ámbito de la reducción de la desnutrición infantil crónica, sin embargo, el coeficiente Gini muestra un alto grado de desigualdad. Además, la conflictividad social parece exasperarse como consecuencia del crecimiento desigual. Ello pone en primer plano desafíos que el país deberá atender con urgencia, solvencia y voluntad política de justicia social e inversión en la administración de justicia, salud y educación que apunten a una redistribución equitativa de la riqueza. En lo que atañe a esta última la invitación de la Universidad de Castilla-La Mancha al Presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, Sr. Iván Rodríguez, quien expondrá la situación de la Universidad Peruana y al Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y ex Ministro de Educación, Sr. Marcial Rubio os rectores de algunas de las más prestigiosas universidades peruanas es suficiente testimonio de su importancia.
En estos años el Perú se encuentra en pleno despegue económico y es un país atractivo para la inversión, de la cual la participación española alcanza a una cuarta parte, se mantiene una disciplina fiscal prudente y una política monetaria adecuada, el Sr. Gonzalo Garland al disertar sobre la macoeconomía en las relaciones entre el Perú y España habrá de referirse a ello. La toma de conciencia de las oportunidades perdidas disipó la ilusión de un crecimiento y desarrollo al margen de las instituciones democráticas y de la economía global. Tal vez el crecimiento pueda estar dependiendo excesivamente de los precios de los commodities –el inglés de de rigor– es decir productos que solo han sufrido procesos de transformación muy pequeños o insignificantes. Esto no quiere decir que no haya habido un conjunto de experiencias empresariales exitosas de las que el Sr. Jaime Cáceres, Embajador del Perú y el Sr. Luis Bustamante, Rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas darán testimonio y el bloque sobre “Relaciones y experiencias empresariales” permitirá un intercambio fructífero al respecto.
Además, hay otro asunto de capital importancia, la situación deficitaria en la institucionalización y la infraestructura y la escasa inversión en ciencia tecnología e innovación constituye uno de los desafíos más importantes del momento. El país requiere una visión de largo plazo sobre competitividad con un fuerte énfasis en la educación y una política activa de promoción de la capacidad científica y tecnológica que incluya el financiamiento público. Están presentes la Sra. Fabiola León Velarde, Rectora de la Universidad Cayetano Heredia y los Srs. Rectores Aurelio Padilla de la Universidad Nacional de Ingeniería y Abel Mejía de la Universidad Agraria La Molina, pioneros en los esfuerzos por impulsar asociaciones entre la empresa y la academia con miras al desarrollo científico y tecnológico.
Ha habido un número de conflictos locales por lo común vinculados al uso de algún recurso natural -minerales, hidrocarburos, agua-, o alguna construcción importante -carretera, o hidroeléctrica- esto es actividades que podrían capitalizar al país y mejorar su infraestructura. La doble exigencia, de inversión y modernización con los cuidados por el medio ambiente requiere de una creciente conciencia de la responsabilidad social y ambiental que el desarrollo demanda. En lo que se refiere al cuarto objetivo, la afirmación de la eficiencia, y transparencia en el manejo del Estado, un avance que vale la pena destacar es en aquello que se refiere a la descentralización. El Perú profundo está avanzando. Es cierto que la costa del norte y del centro del país son las que muestran mayor empuje, la performance de las demás regiones es más lenta.
En el camino hacia una sociedad más próspera e inclusiva capaz de vivir en paz y legalidad democrática y en donde prime la ética y el respeto por los recursos públicos el gran desafío estriba en ver la manera de conjugar la causa de la justicia social y el deseo de bienestar individual. Amartya Sen ha intentado una respuesta dando un sesgo ético e incluso estético a las ideas de John Nash, el brillante matemático que inspiró el film Una mente brillante. La teoría de los juegos estudia aspectos importantes de la toma de decisiones en entornos donde interactúan múltiples actores en los que los costos y beneficios de cada opción dependen de las elecciones de los otros participantes. Puesto que construir consensos implica tomar en cuenta la posibilidad de compatibilizar parcialmente intereses distintos sabiendo que existen y persisten conflictos sustanciales, Sen hace hincapié en que las relaciones políticas y sociales implican por necesidad cooperación y conflicto. Por ende, la distribución justa de los beneficios conjuntos que permitan el bienestar individual a un mayor número de personas solo es posible si se sale de la camisa de fuerza propia de los juegos de suma cero.
Hoy día nadie duda del rol que desempeñan las realidades económicas. La nación es un concepto moderno. No hay que olvidar que los países cuyo bicentenario estamos celebrando contribuyeron a darle forma. En los países de Europa y en Los Estados Unidos de Norte América, los procesos de industrialización impulsaron la homogeneización cultural de hombres venidos de distintas culturas. Las naciones desarrolladas, en sus múltiples versiones históricas, se afirmaron en base a dichos procesos y a que supieron que la aspiración por el bienestar económico constituye un importante incentivo en el que pueden converger vastos sectores sociales y que la industrialización ampliaba los mercados, y que quienes participan del mercado son, por necesidad iguales.
Un Perú en muchos sentidos premoderno inició su camino hacia la modernidad cuando el mundo desarrollado se orientaba a la posmodernidad, o a la desmodernización—si usamos el cáustico término de Edgar Morin. Cuando sus sociedades sienten otros efectos, menos gratos de la internacionalización de la economía y de la crisis del estado de bienestar. Los cambios económicos, la transformación de la sociedad de producción en sociedad de consumo y los inmensos avances tecnológicos: la soledad en medio de un mundo de flujos de comunicación proponen condiciones que hay que tomar en cuenta y que crean nuevas desigualdades como señalan Pierre Rosanvallon y Jean-Paul Fitoussi. Un divorcio entre lo social y lo político da un auge creciente a los temas de la cultura.
La compleja trayectoria de progresos y regresiones de la historia política del Perú ha ido dejando la huella de una voluntad de tener un país más democrático, más equitativo y más libre. El Perú plural, múltiple, mestizo del siglo XXI se beneficia de un largo proceso de aprendizaje social que le permitió ampliar su base cultural. Hemos ido más allá de la pugna entre las visiones indigenistas e hispanistas, de los sueños mestizos, escuchamos mejor el insistente contrapunto entre las culturas oficiales y no oficiales y procesamos el aporte de los migrantes de todos los continentes. Es cierto que las viejas fracturas se expresan actualmente en la coexistencia de zonas económicas y sociales casi estancadas en el tiempo y zonas urbanas que tienen acceso a comodidades, modas, instrucción y aspiraciones propias de una urbe desarrollada. De ahí la importancia de factores extraeconómicos tales como el lenguaje, la educación y la cultura que proveen los elementos duraderos que articulan, engranan y consolidan las relaciones entre los pueblos. Por ello, como en aquellos cantes de ida y vuelta la relación del Perú con España y a través de España con Europa resulta primordial. Las trayectorias del Sr. Fernando Iwasaki, de la Sra. Claudia Llosa ganadora del Oso de Oro en la Berlinale 2009 y del Sr. Mario Vargas Llosa quien será investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Castilla-La Mancha son testimonio elocuente de ello.
